El régimen kafala y las migraciones en los reinos árabes
Mg. Melisa Centurion
Licenciada en Ciencia Política (Universidad CAECE), Magíster en Desarrollo Humano
(FLACSO)
. Profesora Asociada en las cátedras de Sociología, Teoría de las Relaciones Internacionales,
Agenda Internacional y Gestión Intercultural (Universidad CAECE). Capacitadora en Bibliotecas Públicas de
la ciudad de Mar del Plata, en los talleres de “Problemáticas de actualidad internacional” y “Cultura y
Relaciones Internacionales”.
Columnista de política internacional en Club Radio, en los programas Punto Club e Informe Mundial. Asesora
legislativa en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.
Capitana docente del equipo de la Universidad CAECE que compitió en el Torneo Internacional de Debate
organizado por la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar. Fue consultora asistente para el Banco
Interamericano de Desarrollo en la propuesta de creación de la Red de Ciudades Emergentes y Sostenibles.
Desempeñó como asesora en la Cumbre Latinoamericana de Gobiernos Locales-
Si los migrantes aparecen mundialmente como una amenaza, la mal denominada “crisis de
refugiados” que se vivió en los últimos años en la Unión Europea, agravó el racismo, la segregación y la
xenofobia. Los inmigrantes son vistos como una amenaza terrorista o criminal.
El Pacto Mundial para las Migraciones aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas en
diciembre del pasado año busca paliar las violaciones de los derechos humanos de refugiados y migrantes y
distribuir entre los estados la carga que, sobre todo los primeros, implican en términos de infraestructura y
erogación económica.
Invisibilizados en los debates se encuentran los refugiados en África Subsahariana o en Bangladesh,
pero también migrantes, voluntarios, que son sometidos a condiciones similares a la esclavitud en los reinos
árabes. Los trabajadores migrantes en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar no cuentan con
protecciones ni derechos básicos, y ven limitadas sus posibilidades de denunciar la situación que atraviesan.
Las recientes denuncias de organismos internacionales respecto de Qatar han abierto la puerta a la posibilidad
de visibilizar las condiciones de vida de decenas de millones de trabajadores, en su mayoría provenientes del
sudeste asiático, que viviendo en países con un producto bruto interno per cápita elevado y un gran
crecimiento económico, no cuentan con acceso a servicios y derechos básicos.
Régimen kafala
La relación entre los inmigrantes y los empleadores nativos en las monarquías árabes está regulada por
el sistema kafala. Los trabajadores extranjeros están protegidos por un ciudadano que actúa como su
patrocinador o kafil, y se hace responsable por su bienestar y protección. A cambio de ello, los trabajadores no
pueden cambiar de trabajo o abandonar el país sin la autorización de su protector, lo que ha incluido en
ocasiones, que se les sea retenida su documentación y/o pasaporte.
Un análisis más preciso podría plantear incluso que se trata de una especie de esclavitud o de trata de
personas, ya que los trabajadores bajo este régimen no sólo pierden la libertad de cambiar de trabajo, sino
incluso la de poder irse del país para retornar a su lugar de origen.
Las migraciones en estos estados han tenido una variación en su origen en las últimas décadas,
producto de políticas públicas orientadas a ello. En las décadas de 1970 y 1980, las migraciones en la región
provenían mayormente de otros estados árabes, lo que conllevó con el pasar del tiempo a que estos
trabajadores solicitaran el acceso a la ciudadanía, amparados en raíces culturales, religiosas y lingüísticas
comunes. Debido a ello, desde las monarquías árabes comenzaron a privilegiarse las migraciones del sudeste
asiático provenientes de India, Pakistán, Nepal y Bangladesh, para quienes la barrera cultural impediría
solicitar la ciudadanía amparados en una raíz común. Estos migrantes en muchos casos deben pagar altas
comisiones y gastos a sus patrocinadores para conseguir un empleo, y contraen deudas que solo luego de
muchos años de trabajo pueden saldar, en los casos que lo logran.
Como características generales en la región, los trabajadores migran solos, dejando a sus familias en
su país de origen, y tienen una permanencia promedio entre 5 y 10 años. El acceso a la ciudadanía está
denegado.
Ser ciudadano en los países de la península arábiga es un derecho al que sólo acceden quienes allí
“pertenecen”. Los migrantes son temporales, no nacieron ni morirán allí, y no tienen derecho a recibir
prestaciones del Estado, reservadas exclusivamente para quienes gozan de la ciudadanía. La calidad de vida,
elevada en la región, no alcanza a los trabajadores extranjeros, que son excluidos incluso geográficamente en
las grandes ciudades, para sobrevivir en los bordes, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a servicios
básicos.
Visibilización de la problemática
Qatar
El caso de Qatar ha sido el más visible en los últimos años, a partir de la construcción de
infraestructura que se desarrolla para el próximo Mundial de Fútbol que se disputará allí en el año 2022. El
crecimiento del sector de la construcción en este Estado ha forzado a la contratación de un número mayor de
trabajadores migrantes, que componen el 95% de la fuerza de trabajo total del país.
Las denuncias respecto de la situación que atraviesan los trabajadores han sido numerosas, y han
tenido eje en las siguientes problemáticas:
Régimen kafala: La imposibilidad de los trabajadores de cambiar de empleo o irse del país sin el
permiso de su patrocinador. A partir de la presión de organismos internacionales, el gobierno qatarí
modificó su legislación.
En la ley Nº 4 del año 2009, relativa a la regulación de la entrada, salida, residencia y patrocinio de
expatriados, se establece que todo extranjero necesita de una visa de entrada y que los expatriados solo
pueden dejar el país temporal o permanentemente si tienen un permiso de entrada de su patrocinador.
En 2015 Qatar sanciona la ley N° 21, que entró en vigor en el año 2016, que reemplazaría el sistema
kafala por otro en el que los trabajadores pueden cambiar de empleador al término de un contrato de trabajo
de duración definida, y en caso de que no fuese así, al término de cinco años de relación laboral. Los plazos
siguen siendo extensos, y las posibilidades de reclamo de los extranjeros muy limitadas. Por otra parte, esta
ley habilita a los empleadores a retener los pasaportes de los trabajadores siempre que cuenten con un
consentimiento por escrito, lo cual constituye una clara violación a sus libertades.
Salarios y condiciones laborales: Diversos organismos internacionales, entre ellos Amnistía
Internacional, la OIT y la Confederación Sindical Internacional, han denunciado las condiciones a las
que son sometidos los trabajadores, tanto en el desarrollo de su labor -por ejemplo violando las normas
nacionales que establecen horarios para el trabajo al aire libre- como también en lo concerniente a los
alojamientos que les son proporcionados, y los salarios. Respecto de los salarios, se ha denunciado
que en muchas oportunidades se retienen los mismos durante meses, lo que imposibilita a los
migrantes enviar dinero a sus familias en sus países de origen e incluso pagar las deudas que contraen
para poder llegar allí.
Emiratos Árabes Unidos
Si bien la visibilidad de la situación de los trabajadores en los Emiratos ha sido menor, resulta similar
a la visualizada precedentemente. Como características particulares en los Emiratos Árabes Unidos un
porcentaje de inmigrantes especialmente pakistaníes, indios y árabes actúan de intermediarios entre las
empresas locales y los inmigrantes procedentes de sus países de origen. Los hombres trabajan en el sector de
la construcción mayoritariamente, mientras las mujeres lo hacen como empleadas domésticas.
Ha sido denunciada la legislación específica respecto de las mujeres migrantes, quienes resultan
especialmente vulnerables. De acuerdo a la legislación emiratí, las extranjeras empleadas mediante el sistema
kafala no pueden mantener relaciones sexuales y si resultaren embarazadas, aun si fuera resultado de una
violación, son encarceladas o deportadas, acusadas de zina -relaciones sexuales ilegales-. Los niños producto
de dichos embarazos no tienen derecho a la ciudadanía y son separados de sus madres, condenados a vivir en
la economía irregular. El crecimiento de la economía informal en los emiratos obedece a que en este marco,
aun exponiéndose a ser deportados o encarcelados, los inmigrantes tienen condiciones laborales mejores a las
de los trabajadores legales, ya que no están supeditados a un patrocinador.
De acuerdo a los informes de Amnistía Internacional, en septiembre de 2017 entró en vigor la Ley
Federal 10, que limitaba las horas de trabajo y establecía un descanso semanal y 30 días de vacaciones
remuneradas al año, así como el derecho a conservar los documentos personales. “Al parecer, la ley permitía
que los trabajadores y trabajadoras resolvieran su contrato de trabajo si el empleador incumplía cualquiera
de sus condiciones, y estipulaba que las disputas fueran resueltas por tribunales especializados, así como por
tribunales ordinarios. No obstante, los trabajadores y trabajadoras seguían estando expuestos a que los
empleadores los acusaran de delitos muy generales e imprecisos, como “no proteger los secretos de su
empleador”, que conllevaban multas de hasta 27225 dólares o seis meses de prisión” (Amnistía Internacional:
2018b)
De igual forma que en Qatar, los cambios en la legislación laboral no han redundado en una mayor
protección de los trabajadores, ya que siguen encontrándose en desventaja frente a la justicia local. La
legislación respecto del empleo doméstico ha tenido pocos avances, de manera similar a lo que sucede en
otros países del mundo, siendo estos trabajadores y trabajadoras los que gozan de menor protección del
estado y de sus empleadores. Las empleadas domésticas se encuentran en muchos casos sometidas a abusos
laborales y sexuales, en condiciones de cuasi esclavitud, y tienen pocas posibilidades de denunciar los hechos
en sociedades en las que las mujeres no gozan del acceso total a los derechos ciudadanos.
Arabia Saudita
Como característica particular respecto de los otros dos casos, en Arabia Saudita la población
migrante representa sólo el 37,43%, un número elevado comparado con otros estados, pero mucho menor
respecto de los emiratos y Qatar. Si bien durante décadas se privilegiaron las migraciones por la necesidad de
mano de obra a partir del crecimiento económico, en los últimos años la desaceleración de éste generó la
aplicación de políticas para restringir las migraciones, e incluso ha habido intentos de deportaciones masivas.
En el caso de Arabia Saudita, debe destacarse que los migrantes no sólo provienen del sudeste
asiático, sino también de Yemen -número que se incrementó a partir del conflicto bélico- y de la zona del
cuerno de África. La economía saudita, que prosperó en base al petróleo, hoy se encuentra frente al desafío de
la diversificación productiva, y es por ello que el Príncipe heredero Mohammed Bin Salmán anunció en el
año 2016 el Plan Visión 2030, que incluye entre otras políticas, medidas para reducir el desempleo, que en el
tercer trimestre de 2016 alcanzó el 12,1%.
En enero de 2018 el Ministerio de Trabajo saudí aprobó una directiva por la cual se determinan doce
categorías laborales del sector minorista que sólo tienen permitido emplear a ciudadanos saudíes, entre ellas la
venta de materiales de construcción, muebles, dulces, repuestos de automóviles, automóviles y motos. Con
estas políticas, la monarquía saudí busca reducir el desempleo de los ciudadanos, desalentando las
migraciones.
Pese a ello, no se ha desalentado el tránsito de migrantes provenientes de África Subsahariana, el
cuerno de África y Yemen, que buscan oportunidades en Arabia Saudita. Las medidas de control fronterizo se
han endurecido, pero aun miles de personas intentan todos los días cruzar a través del territorio en conflicto
de Yemen para llegar a territorio saudí.
Respecto de las denuncias son especialmente importantes aquellas respecto de las migrantes mujeres,
que no cuentan con los mismos derechos y protección legal que los hombres. Esto en parte obedece a
características culturales de la monarquía saudí, en la cual las mujeres viven bajo un régimen de tutela que las
considera legalmente equiparadas a un menor de edad, por lo cual deben contar con el permiso de su tutor -
esposo u hombre mayor de edad familiar directo- para realizar actividades como estudiar, trabajar, viajar o
incluso recibir ciertas prestaciones médicas.
Esta situación de las mujeres en Arabia Saudita ha sido denunciada en numerosas oportunidades. Las
medidas propuestas por el gobierno saudí, específicamente la posibilidad de que las mujeres puedan conducir
automóviles o acudir a espectáculos masivos, no resuelven la profunda desigualdad de género imperante.
Dicha desigualdad se reproduce respecto de las mujeres inmigrantes, y han sido denunciados casos en que
han sido llevadas a juicio sin contar con garantías legales para su defensa ni con traductores que les permitan
comunicarse en su idioma.
Consideraciones finales
Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos son reconocidos internacionalmente por el alto
crecimiento económico que experimentaron en las últimas décadas, fundamentado en la alta disponibilidad y
extracción de hidrocarburos fósiles, lo que generó sociedades altamente desiguales, entre los ciudadanos, que
gozan de todos los beneficios del Estado, y trabajadores migrantes que constituyen la mayor parte de la mano
de obra en estos estados, sin ningún tipo de derechos.
No sólo no gozan de protección en términos de salud, educación o accidentes laborales, sino que son
sometidos a un régimen de cuasi esclavitud a partir del cual no pueden irse del país ni cambiar de trabajo sin
un permiso de su patrocinador. En numerosas oportunidades sus pasaportes son retenidos, lo que Qatar ha
vuelto legal con un permiso por escrito del trabajador.
Los empleadores pocas veces cumplen con las normas mínimas en cuanto a seguridad laboral, pago
de salarios, accidentes laborales y condiciones de vivienda. Las posibilidades de los trabajadores migrantes de
denunciar estas situaciones son muy limitadas, ya que pueden ser denunciados por sus patrocinadores de
haber abandonado su puesto de trabajo, y podrían ser encarcelados o deportados, en el último caso bajo su
propio costo, algo impensable para trabajadores que contraen altas deudas para poder llegar a la península
arábiga.
Las migraciones han sido alentadas en estos países, con excepción del caso de Arabia Saudita en los
últimos años, a partir de la desaceleración económica. Sin embargo, el hecho de que hayan sido promovidas
desde los gobiernos no ha garantizado que trabajen y vivan en condiciones dignas. La competencia laboral no
sólo se establece con el resto de los trabajadores en el país, sino principalmente con millones que aguardan la
posibilidad en el sudeste asiático.
La enorme infraestructura en construcción en Qatar, destinada al Mundial de Fútbol del año 2022, ha
puesto los ojos de la comunidad internacional allí para denunciar lo que sucede, pero en los hechos poco se ha
modificado. Las monarquías árabes buscan mostrar una imagen de modernidad y de lujo, pero sus regímenes
políticos continúan siendo conservadores y poco adeptos a la oposición. Durante 2018 Arabia Saudita fue
denunciada internacionalmente por la muerte del periodista disidente del régimen Jamal Kashoggi, quien se
presume fue asesinado en el consulado saudita en Turquía, por agentes que respondían órdenes directas del
Príncipe Heredero Mohammed Bin Salman. Se ha denunciado también la desaparición de príncipes que han
mostrado desacuerdos con el monarca o el príncipe heredero. Nada de ello ha conducido a la modificación de
las prácticas ni al enjuiciamiento de los culpables.
Atrapados entre la promesa del futuro y los lujos, y una realidad que se asienta en un pasado de
segregación y exclusión, los trabajadores migrantes en los reinos árabes son invisibilizados por el poder que
ostentan las monarquías árabes, y por la ilusión de modernidad en sociedades que bastante lejos se encuentran
de este concepto.
Licenciada en Ciencia Política (Universidad CAECE), Magíster en Desarrollo Humano
(FLACSO)
. Profesora Asociada en las cátedras de Sociología, Teoría de las Relaciones Internacionales,
Agenda Internacional y Gestión Intercultural (Universidad CAECE). Capacitadora en Bibliotecas Públicas de
la ciudad de Mar del Plata, en los talleres de “Problemáticas de actualidad internacional” y “Cultura y
Relaciones Internacionales”.
Columnista de política internacional en Club Radio, en los programas Punto Club e Informe Mundial. Asesora
legislativa en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.
Capitana docente del equipo de la Universidad CAECE que compitió en el Torneo Internacional de Debate
organizado por la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar. Fue consultora asistente para el Banco
Interamericano de Desarrollo en la propuesta de creación de la Red de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Se
desempeñó como asesora en la Cumbre Latinoamericana de Gobiernos Locales.
Mg. Melisa Centurion
Licenciada en Ciencia Política (Universidad CAECE), Magíster en Desarrollo Humano
(FLACSO)
. Profesora Asociada en las cátedras de Sociología, Teoría de las Relaciones Internacionales,
Agenda Internacional y Gestión Intercultural (Universidad CAECE). Capacitadora en Bibliotecas Públicas de
la ciudad de Mar del Plata, en los talleres de “Problemáticas de actualidad internacional” y “Cultura y
Relaciones Internacionales”.
Columnista de política internacional en Club Radio, en los programas Punto Club e Informe Mundial. Asesora
legislativa en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.
Capitana docente del equipo de la Universidad CAECE que compitió en el Torneo Internacional de Debate
organizado por la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar. Fue consultora asistente para el Banco
Interamericano de Desarrollo en la propuesta de creación de la Red de Ciudades Emergentes y Sostenibles.
Desempeñó como asesora en la Cumbre Latinoamericana de Gobiernos Locales-
Si los migrantes aparecen mundialmente como una amenaza, la mal denominada “crisis de
refugiados” que se vivió en los últimos años en la Unión Europea, agravó el racismo, la segregación y la
xenofobia. Los inmigrantes son vistos como una amenaza terrorista o criminal.
El Pacto Mundial para las Migraciones aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas en
diciembre del pasado año busca paliar las violaciones de los derechos humanos de refugiados y migrantes y
distribuir entre los estados la carga que, sobre todo los primeros, implican en términos de infraestructura y
erogación económica.
Invisibilizados en los debates se encuentran los refugiados en África Subsahariana o en Bangladesh,
pero también migrantes, voluntarios, que son sometidos a condiciones similares a la esclavitud en los reinos
árabes. Los trabajadores migrantes en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar no cuentan con
protecciones ni derechos básicos, y ven limitadas sus posibilidades de denunciar la situación que atraviesan.
Las recientes denuncias de organismos internacionales respecto de Qatar han abierto la puerta a la posibilidad
de visibilizar las condiciones de vida de decenas de millones de trabajadores, en su mayoría provenientes del
sudeste asiático, que viviendo en países con un producto bruto interno per cápita elevado y un gran
crecimiento económico, no cuentan con acceso a servicios y derechos básicos.
Régimen kafala
La relación entre los inmigrantes y los empleadores nativos en las monarquías árabes está regulada por
el sistema kafala. Los trabajadores extranjeros están protegidos por un ciudadano que actúa como su
patrocinador o kafil, y se hace responsable por su bienestar y protección. A cambio de ello, los trabajadores no
pueden cambiar de trabajo o abandonar el país sin la autorización de su protector, lo que ha incluido en
ocasiones, que se les sea retenida su documentación y/o pasaporte.
Un análisis más preciso podría plantear incluso que se trata de una especie de esclavitud o de trata de
personas, ya que los trabajadores bajo este régimen no sólo pierden la libertad de cambiar de trabajo, sino
incluso la de poder irse del país para retornar a su lugar de origen.
Las migraciones en estos estados han tenido una variación en su origen en las últimas décadas,
producto de políticas públicas orientadas a ello. En las décadas de 1970 y 1980, las migraciones en la región
provenían mayormente de otros estados árabes, lo que conllevó con el pasar del tiempo a que estos
trabajadores solicitaran el acceso a la ciudadanía, amparados en raíces culturales, religiosas y lingüísticas
comunes. Debido a ello, desde las monarquías árabes comenzaron a privilegiarse las migraciones del sudeste
asiático provenientes de India, Pakistán, Nepal y Bangladesh, para quienes la barrera cultural impediría
solicitar la ciudadanía amparados en una raíz común. Estos migrantes en muchos casos deben pagar altas
comisiones y gastos a sus patrocinadores para conseguir un empleo, y contraen deudas que solo luego de
muchos años de trabajo pueden saldar, en los casos que lo logran.
Como características generales en la región, los trabajadores migran solos, dejando a sus familias en
su país de origen, y tienen una permanencia promedio entre 5 y 10 años. El acceso a la ciudadanía está
denegado.
Ser ciudadano en los países de la península arábiga es un derecho al que sólo acceden quienes allí
“pertenecen”. Los migrantes son temporales, no nacieron ni morirán allí, y no tienen derecho a recibir
prestaciones del Estado, reservadas exclusivamente para quienes gozan de la ciudadanía. La calidad de vida,
elevada en la región, no alcanza a los trabajadores extranjeros, que son excluidos incluso geográficamente en
las grandes ciudades, para sobrevivir en los bordes, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a servicios
básicos.
Visibilización de la problemática
Qatar
El caso de Qatar ha sido el más visible en los últimos años, a partir de la construcción de
infraestructura que se desarrolla para el próximo Mundial de Fútbol que se disputará allí en el año 2022. El
crecimiento del sector de la construcción en este Estado ha forzado a la contratación de un número mayor de
trabajadores migrantes, que componen el 95% de la fuerza de trabajo total del país.
Las denuncias respecto de la situación que atraviesan los trabajadores han sido numerosas, y han
tenido eje en las siguientes problemáticas:
Régimen kafala: La imposibilidad de los trabajadores de cambiar de empleo o irse del país sin el
permiso de su patrocinador. A partir de la presión de organismos internacionales, el gobierno qatarí
modificó su legislación.
En la ley Nº 4 del año 2009, relativa a la regulación de la entrada, salida, residencia y patrocinio de
expatriados, se establece que todo extranjero necesita de una visa de entrada y que los expatriados solo
pueden dejar el país temporal o permanentemente si tienen un permiso de entrada de su patrocinador.
En 2015 Qatar sanciona la ley N° 21, que entró en vigor en el año 2016, que reemplazaría el sistema
kafala por otro en el que los trabajadores pueden cambiar de empleador al término de un contrato de trabajo
de duración definida, y en caso de que no fuese así, al término de cinco años de relación laboral. Los plazos
siguen siendo extensos, y las posibilidades de reclamo de los extranjeros muy limitadas. Por otra parte, esta
ley habilita a los empleadores a retener los pasaportes de los trabajadores siempre que cuenten con un
consentimiento por escrito, lo cual constituye una clara violación a sus libertades.
Salarios y condiciones laborales: Diversos organismos internacionales, entre ellos Amnistía
Internacional, la OIT y la Confederación Sindical Internacional, han denunciado las condiciones a las
que son sometidos los trabajadores, tanto en el desarrollo de su labor -por ejemplo violando las normas
nacionales que establecen horarios para el trabajo al aire libre- como también en lo concerniente a los
alojamientos que les son proporcionados, y los salarios. Respecto de los salarios, se ha denunciado
que en muchas oportunidades se retienen los mismos durante meses, lo que imposibilita a los
migrantes enviar dinero a sus familias en sus países de origen e incluso pagar las deudas que contraen
para poder llegar allí.
Emiratos Árabes Unidos
Si bien la visibilidad de la situación de los trabajadores en los Emiratos ha sido menor, resulta similar
a la visualizada precedentemente. Como características particulares en los Emiratos Árabes Unidos un
porcentaje de inmigrantes especialmente pakistaníes, indios y árabes actúan de intermediarios entre las
empresas locales y los inmigrantes procedentes de sus países de origen. Los hombres trabajan en el sector de
la construcción mayoritariamente, mientras las mujeres lo hacen como empleadas domésticas.
Ha sido denunciada la legislación específica respecto de las mujeres migrantes, quienes resultan
especialmente vulnerables. De acuerdo a la legislación emiratí, las extranjeras empleadas mediante el sistema
kafala no pueden mantener relaciones sexuales y si resultaren embarazadas, aun si fuera resultado de una
violación, son encarceladas o deportadas, acusadas de zina -relaciones sexuales ilegales-. Los niños producto
de dichos embarazos no tienen derecho a la ciudadanía y son separados de sus madres, condenados a vivir en
la economía irregular. El crecimiento de la economía informal en los emiratos obedece a que en este marco,
aun exponiéndose a ser deportados o encarcelados, los inmigrantes tienen condiciones laborales mejores a las
de los trabajadores legales, ya que no están supeditados a un patrocinador.
De acuerdo a los informes de Amnistía Internacional, en septiembre de 2017 entró en vigor la Ley
Federal 10, que limitaba las horas de trabajo y establecía un descanso semanal y 30 días de vacaciones
remuneradas al año, así como el derecho a conservar los documentos personales. “Al parecer, la ley permitía
que los trabajadores y trabajadoras resolvieran su contrato de trabajo si el empleador incumplía cualquiera
de sus condiciones, y estipulaba que las disputas fueran resueltas por tribunales especializados, así como por
tribunales ordinarios. No obstante, los trabajadores y trabajadoras seguían estando expuestos a que los
empleadores los acusaran de delitos muy generales e imprecisos, como “no proteger los secretos de su
empleador”, que conllevaban multas de hasta 27225 dólares o seis meses de prisión” (Amnistía Internacional:
2018b)
De igual forma que en Qatar, los cambios en la legislación laboral no han redundado en una mayor
protección de los trabajadores, ya que siguen encontrándose en desventaja frente a la justicia local. La
legislación respecto del empleo doméstico ha tenido pocos avances, de manera similar a lo que sucede en
otros países del mundo, siendo estos trabajadores y trabajadoras los que gozan de menor protección del
estado y de sus empleadores. Las empleadas domésticas se encuentran en muchos casos sometidas a abusos
laborales y sexuales, en condiciones de cuasi esclavitud, y tienen pocas posibilidades de denunciar los hechos
en sociedades en las que las mujeres no gozan del acceso total a los derechos ciudadanos.
Arabia Saudita
Como característica particular respecto de los otros dos casos, en Arabia Saudita la población
migrante representa sólo el 37,43%, un número elevado comparado con otros estados, pero mucho menor
respecto de los emiratos y Qatar. Si bien durante décadas se privilegiaron las migraciones por la necesidad de
mano de obra a partir del crecimiento económico, en los últimos años la desaceleración de éste generó la
aplicación de políticas para restringir las migraciones, e incluso ha habido intentos de deportaciones masivas.
En el caso de Arabia Saudita, debe destacarse que los migrantes no sólo provienen del sudeste
asiático, sino también de Yemen -número que se incrementó a partir del conflicto bélico- y de la zona del
cuerno de África. La economía saudita, que prosperó en base al petróleo, hoy se encuentra frente al desafío de
la diversificación productiva, y es por ello que el Príncipe heredero Mohammed Bin Salmán anunció en el
año 2016 el Plan Visión 2030, que incluye entre otras políticas, medidas para reducir el desempleo, que en el
tercer trimestre de 2016 alcanzó el 12,1%.
En enero de 2018 el Ministerio de Trabajo saudí aprobó una directiva por la cual se determinan doce
categorías laborales del sector minorista que sólo tienen permitido emplear a ciudadanos saudíes, entre ellas la
venta de materiales de construcción, muebles, dulces, repuestos de automóviles, automóviles y motos. Con
estas políticas, la monarquía saudí busca reducir el desempleo de los ciudadanos, desalentando las
migraciones.
Pese a ello, no se ha desalentado el tránsito de migrantes provenientes de África Subsahariana, el
cuerno de África y Yemen, que buscan oportunidades en Arabia Saudita. Las medidas de control fronterizo se
han endurecido, pero aun miles de personas intentan todos los días cruzar a través del territorio en conflicto
de Yemen para llegar a territorio saudí.
Respecto de las denuncias son especialmente importantes aquellas respecto de las migrantes mujeres,
que no cuentan con los mismos derechos y protección legal que los hombres. Esto en parte obedece a
características culturales de la monarquía saudí, en la cual las mujeres viven bajo un régimen de tutela que las
considera legalmente equiparadas a un menor de edad, por lo cual deben contar con el permiso de su tutor -
esposo u hombre mayor de edad familiar directo- para realizar actividades como estudiar, trabajar, viajar o
incluso recibir ciertas prestaciones médicas.
Esta situación de las mujeres en Arabia Saudita ha sido denunciada en numerosas oportunidades. Las
medidas propuestas por el gobierno saudí, específicamente la posibilidad de que las mujeres puedan conducir
automóviles o acudir a espectáculos masivos, no resuelven la profunda desigualdad de género imperante.
Dicha desigualdad se reproduce respecto de las mujeres inmigrantes, y han sido denunciados casos en que
han sido llevadas a juicio sin contar con garantías legales para su defensa ni con traductores que les permitan
comunicarse en su idioma.
Consideraciones finales
Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos son reconocidos internacionalmente por el alto
crecimiento económico que experimentaron en las últimas décadas, fundamentado en la alta disponibilidad y
extracción de hidrocarburos fósiles, lo que generó sociedades altamente desiguales, entre los ciudadanos, que
gozan de todos los beneficios del Estado, y trabajadores migrantes que constituyen la mayor parte de la mano
de obra en estos estados, sin ningún tipo de derechos.
No sólo no gozan de protección en términos de salud, educación o accidentes laborales, sino que son
sometidos a un régimen de cuasi esclavitud a partir del cual no pueden irse del país ni cambiar de trabajo sin
un permiso de su patrocinador. En numerosas oportunidades sus pasaportes son retenidos, lo que Qatar ha
vuelto legal con un permiso por escrito del trabajador.
Los empleadores pocas veces cumplen con las normas mínimas en cuanto a seguridad laboral, pago
de salarios, accidentes laborales y condiciones de vivienda. Las posibilidades de los trabajadores migrantes de
denunciar estas situaciones son muy limitadas, ya que pueden ser denunciados por sus patrocinadores de
haber abandonado su puesto de trabajo, y podrían ser encarcelados o deportados, en el último caso bajo su
propio costo, algo impensable para trabajadores que contraen altas deudas para poder llegar a la península
arábiga.
Las migraciones han sido alentadas en estos países, con excepción del caso de Arabia Saudita en los
últimos años, a partir de la desaceleración económica. Sin embargo, el hecho de que hayan sido promovidas
desde los gobiernos no ha garantizado que trabajen y vivan en condiciones dignas. La competencia laboral no
sólo se establece con el resto de los trabajadores en el país, sino principalmente con millones que aguardan la
posibilidad en el sudeste asiático.
La enorme infraestructura en construcción en Qatar, destinada al Mundial de Fútbol del año 2022, ha
puesto los ojos de la comunidad internacional allí para denunciar lo que sucede, pero en los hechos poco se ha
modificado. Las monarquías árabes buscan mostrar una imagen de modernidad y de lujo, pero sus regímenes
políticos continúan siendo conservadores y poco adeptos a la oposición. Durante 2018 Arabia Saudita fue
denunciada internacionalmente por la muerte del periodista disidente del régimen Jamal Kashoggi, quien se
presume fue asesinado en el consulado saudita en Turquía, por agentes que respondían órdenes directas del
Príncipe Heredero Mohammed Bin Salman. Se ha denunciado también la desaparición de príncipes que han
mostrado desacuerdos con el monarca o el príncipe heredero. Nada de ello ha conducido a la modificación de
las prácticas ni al enjuiciamiento de los culpables.
Atrapados entre la promesa del futuro y los lujos, y una realidad que se asienta en un pasado de
segregación y exclusión, los trabajadores migrantes en los reinos árabes son invisibilizados por el poder que
ostentan las monarquías árabes, y por la ilusión de modernidad en sociedades que bastante lejos se encuentran
de este concepto.
Licenciada en Ciencia Política (Universidad CAECE), Magíster en Desarrollo Humano
(FLACSO)
. Profesora Asociada en las cátedras de Sociología, Teoría de las Relaciones Internacionales,
Agenda Internacional y Gestión Intercultural (Universidad CAECE). Capacitadora en Bibliotecas Públicas de
la ciudad de Mar del Plata, en los talleres de “Problemáticas de actualidad internacional” y “Cultura y
Relaciones Internacionales”.
Columnista de política internacional en Club Radio, en los programas Punto Club e Informe Mundial. Asesora
legislativa en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.
Capitana docente del equipo de la Universidad CAECE que compitió en el Torneo Internacional de Debate
organizado por la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar. Fue consultora asistente para el Banco
Interamericano de Desarrollo en la propuesta de creación de la Red de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Se
desempeñó como asesora en la Cumbre Latinoamericana de Gobiernos Locales.